El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al Presidente Gustavo Petro rectificar las afirmaciones que hizo de supuestos fraudes en las elecciones de 2014, 2022 y las de este año. 

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Tendrá un plazo máximo de tres días para emitir un pronunciamiento público.

El máximo organismo de lo Contencioso le recordó a Petro que tiene "deberes" como Jefe  de Estado como "procurar la colaboración armónica con los demás órganos del Estado en la presente coyuntura electoral, en particular en un contexto de respeto por la independencia de la Organización Electoral, integrada por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría". 

Asimismo, le indicó que tiene el deber de utilizar los medios institucionales para dar a conocer o tramitar, a través del Ministerio del Interior, sus observaciones, siempre y cuando estén basadas en evidencia sólida y razonable. 

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Por último, el Tribunal ordenó a Petro abstenerse de emitir afirmaciones iguales o similares a las sancionadas por esta decisión.